La Minería y su importancia en el desarrollo del Perú

Pin It

Por:  Carlos Rondón Aguilar

RESUMEN

Parece contradictorio que el Perú teniendo inmensos recursos, entre ellos, los mineros, continúe en una situación de pobreza que, en los últimos años, se ha incrementado. Sin embargo, siguen las lamentaciones, y no se echa mano de otros enfoques que podrían ser muy útiles para destrabar proyectos mineros y aprovechar sus beneficios para salir de la situación de pobreza.

Uno de estos enfoques es el que se le conoce como desarrollo territorial. Se trata de un desarrollo inclusivo donde participan todos los actores del territorio: comunidades, empresa privada, gobierno nacional y gobiernos descentralizados, empresarios locales, la academia, etc. La idea es que ellos mismos, identifiquen y trabajen desde las potencialidades del territorio y su vinculación con los territorios vecinos y busquen mejorar la calidad de vida de sus comunidades en varias dimensiones al mismo tiempo. Ese es el modelo de desarrollo multidimensional, inclusivo y sostenible que debe aplicarse.

Otro, es La Zonificación Ecológica y Económica (ZEE). Proceso dinámico y flexible que sirve para identificar las diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, tomando como base la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales, con el fin de que los territorios aprovechen sus ventajas comparativas. La ZEE es un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales. No define ni establece usos, sino que propone diferentes alternativas para gestionar el impacto que puedan generar algunas actividades, haciéndolas más rentables y aportando a la disminución de conflictos. Tampoco establece derechos de propiedad, y menos restringe ni excluye las inversiones.

Como un elemento adicional, no se puede dejar de mencionar la importancia que tiene la inversión privada como instrumento para enfrentar la pobreza.          

Cuando hablamos de nuestro país, Perú, es muy frecuente citar frases tan trilladas como: “somos un país de pobres sentados en un banco de oro” o como últimamente mencionaba el golpista Castillo: No más pobres en un país rico. Casi como una justificación penosa, para reconocer que no se hace nada para cambiar la situación cada vez más crítica del país, a pesar de los enormes recursos que posee.

En este contexto, me permito compartir algunas reflexiones relacionadas con el tema. 

PARTE I

LA POBREZA EN EL PERU

 Según últimos reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, junio 2024), la pobreza en el Perú, en comparación al año 2023, mostró que el 29% de alrededor de 33 millones de habitantes del país, se encuentra en situación de pobreza. O sea, uno de cada tres peruanos no puede costear una canasta básica.  Así mismo, la cifra oficial de pobreza en Perú se elevó en 1.5 %, pasando de 27,5% en 2022 a 29%, en el 2023. En 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, ya había cerca de 2 millones y medio de pobres más, que antes de la pandemia; por la desaceleración económica, la inflación y la alta informalidad laboral. Desde el año 2021, Perú registra ya tres años consecutivos en los que la pobreza monetaria se ha agravado. Seis de cada 10 peruanos van en camino de ser pobres. 4 de cada 10 niños ya padecen anemia. Los ingresos son insuficientes para adquirir alimentos y otros productos esenciales. Es decir, somos cada día un país que se empobrece.

ninos 1

 Para mayor detalle, el INEI mostró cifras por departamento, estableciendo que en 21 regiones el indicador de pobreza aumentó. Entre ellas, se destacan negativamente cuatro regiones en que la pobreza afectó a más del 40% de la población, siendo tres de ellas, regiones en las que la actividad minera juega actualmente un rol importante y que aún podría ser mayor, a saber: Cajamarca, la pobreza fue de 44,5%, creció en 0,2% con respecto al 2022; En Loreto, la pobreza afectó al 43,5%; Pasco, el registro fue de 41,7%; y Puno reportó un 41,6% de pobreza.

 Sería muy largo enumerar las causas de la debacle y crítica situación del Perú, que deviene básicamente de la débil e ineficiente institucionalidad y gobernanza. Así como funcionarios ociosos y mediocres que retrasan el trámite de las gestiones, congreso, ejecutivo, poder judicial, ministerio público, organismos electorales, con serios vestigios de corrupción, etc. Autoridades absolutamente indolentes. Perezosas. No se aplica la meritocracia para ocupar cargos públicos, etc. Corrupción por todo lado, permisividad y carencia de sanciones a los delincuentes de toda índole y como no, personas bien preparadas, pero que “no asumen”, y, por el contrario, critican y se esconden.

 Sin embargo, somos un país con grandes recursos de todo tipo: naturales, biológicos, históricos, ambientales, culturales, paisajísticos, humanos. Pero de qué sirve “tanta riqueza y diversidad”, si no se hace nada por poner en valor dichos recursos o protegerlos para evitar su extinción. Es como tener un auto de “alta gama”, guardado eternamente en su estacionamiento, que más bien se va deteriorando y perdiendo valor.

En este caso, me voy a referir al tema de la minería, pero también podría referirme al turismo, a la agro-exportación y otras fuentes de ingresos. En nuestro país, en las últimas décadas la minería ha sido un factor decisivo para la reducción de los niveles de pobreza. Entre el 2004 y 2019, se redujo de 58.7% a 20.2%; Y en el futuro, puede convertirse nuevamente en el principal instrumento para revertir los preocupantes registros reportados por el INEI.             

          Es irónico e impensable, que un país minero, como el Perú, que tiene una cartera de proyectos diversificada y descentralizada, representada por 51 proyectos (más del 80% de metales básicos y cerca al 20% de metales de reserva) en 18 de las 25 regiones del país, con una inversión total de US$ 54,556 millones; ello no debería ser tolerable ni posible, la pobreza y baja calidad de vida de la población. (*)

          Si se aprovecha los beneficios de la minería, esto se traduciría en la creación de miles de nuevos puestos de trabajo, en la conformación de economías locales que impulsan la generación de cadenas productivas, la integración de ellas a la economía nacional y el desarrollo social de las zonas. Así, lo han probado diversas experiencias de proyectos que se han desarrollado en distintas regiones del Perú.

          Hay estudios que señalan que si se desarrolla la cartera de proyectos mineros del Perú, permitiría entre 7 a 8 millones de personas salgan de dicha condición de pobreza, por lo que resulta  paradójico que regiones que tienen varios proyectos mineros como Cajamarca, Puno o Pasco, tengan niveles de pobreza tan abrumadores. En este escenario, llorar sobre leche derramada, no parece justo ni apropiado. 

          Además, una vez que una minera entran en operación comercial, estas unidades productivas se convierten en relevantes aportantes de recursos al Estado para que sean devueltos a la población en mejoras en salud, educación, infraestructura, etc., lo que lamentablemente no se ha venido realizando en forma efectiva y eficiente, caso concreto, por ejemplo: los pésimos gobiernos regionales.

          Es impostergable adoptar medidas para aprovechar la ola minera favorable que existe a nivel mundial ante la necesidad de recursos mineros. El desarrollo minero debe constituirse en el gran aliado para combatir la pobreza en el Perú y, especialmente, en aquellos lugares alejados y remotos con escasa o nula presencia del Estado, donde sólo actividades como la minería se hacen presentes, u otras como el turismo, la agricultura, el aprovechamiento hidro-energético, etc.

(*) Cifras: Revista Rumbo Minero Edición 163 – Junio 2024

 

PARTE II

LA MINERIA  Y EL DESARROLLO TERRITORIAL

          Como se dijo al principio, el Perú es un país bendecido por su biodiversidad, por la ingente variedad de sus recursos, pero creo también que por la calidad de su propia población; lo cual le han permitido a lo largo de su historia superar crisis humanitarias y económicas de extrema gravedad. Uno de esos puntales en ese proceso de resiliencia ha sido siempre la minería que, con marcos legales adecuados, incentivos para la inversión y el desarrollo tecnológico, nos dio el impulso para superar las más graves crisis en nuestra historia republicana:

la híper-inflación, la violencia terrorista y la debacle moral de hace menos de cuatro décadas, por poner algunos ejemplos. Otro puntal podría ser el turismo o la exportación de productos agrícolas.

          La minería en el Perú, es la principal fuente de ingresos económicos, con potencial de crecimiento productivo, muy por encima de varios países de la región. Sin embargo, esta importante actividad, enfrenta  un desafío urgente: asegurar de forma simultánea que la presencia minera se asocie con el desarrollo de los ámbitos en los cuales opera y gestionar los conflictos sociales en las zonas mineras para garantizar la sostenibilidad de las inversiones en este sector.

 

infraestructura 1

        Ocurre, que cuando se ingresa a un territorio, generalmente, ubicado en la sierra andina, lejos de las grandes ciudades, que, por décadas, arrastran abandono debido a su escaso desarrollo económico y la ineficiente presencia del Estado, sus autoridades regionales y locales, usualmente con competencias muy limitadas y serios déficits de gestión, se oponen a un desarrollo minero, a veces sin razones valederas.

          No son conscientes que la presencia de la empresa minera genera de todos modos un cambio en la dinámica de aquellos lugares, un contraste inevitable, vertiginoso a veces, en el crecimiento de la economía que se desarrolla en las ciudades próximas a los proyectos, en contraposición a la economía propia del medio rural, ligada a la pequeña agricultura y ganadería tradicional. Una situación que naturalmente aumenta las ansias de las comunidades rurales para incorporarse a esa ruta del progreso, impulsando automáticamente sus expectativas de empleo, de comercio y, en general, de mejora en la calidad de vida de sus familias. Pero conforme avanza cada proyecto de inversión y las expectativas aumentan, la riqueza generada en el territorio no suele ser redistribuida eficazmente por las autoridades políticas.

          Por otro lado, es frecuente que surja un nivel de conflictividad, simplemente por una mala gestión de las crisis. Debido a sectores radicales que se oponen a la inversión minera, sea porque no ha habido una consulta social, sea porque quizá no se valorizó debidamente los terrenos donde intervendrá la empresa. Por los efectos negativos en algunos casos, por la poca comunicación previa de los alcances del proyecto. Porque a veces se actúa a espaldas del territorio ocupado o del entorno, por una solicitud desmedida de los ocupantes, por deficiente traslado de las poblaciones, por contratos y tratos mal hechos, en fin, lo que debiera ser un aliciente para el desarrollo de esos sectores, más allá de la generación de ingresos y de la dotación de infraestructura. La construcción de capacidades y relaciones con el entorno no sólo para evitar los conflictos, sino para generar una red de colaboración y diálogo en beneficio del territorio, se torna en espacios de conflictos, donde las autoridades competentes, encienden más bien la pradera, como sucedió el 2021-22, durante el desgobierno de Castillo, en el cual varios Primeros Ministros, atizaban la hoguera y promovían el caos y la destrucción.  

          Vista esta situación, es necesario un cambio de enfoque que apunte a lo que, desde hace años, se conoce como “desarrollo territorial”, esto es, un desarrollo  inclusivo donde participen  todos los actores del territorio: comunidades, empresa privada, gobierno nacional y gobiernos descentralizados, empresarios locales, la academia, etc. Que identifique y trabaje desde las potencialidades del territorio y su vinculación con los territorios vecinos y busque mejorar la calidad de vida de las comunidades en varias dimensiones al mismo tiempo. Ese es el modelo de desarrollo multidimensional, inclusivo y sostenible que debe aplicarse.

          Las inversiones e intervenciones deben hacerse de una manera sistemática, con una mirada global que no sólo se fije en las ganancias o conveniencias de la empresa sino también, en disminuir las desigualdades territoriales, garantizando el ejercicio de la ciudadanía y el derecho al desarrollo del individuo.

ninos 2   

      Es importante orientar y capacitar a las poblaciones involucradas, los beneficios que  significan la intervención minera, mejorando y propiciando una mejor calidad  de vida que difícilmente lo da el estado. Generando empleo se asienta a la población en su lugar de origen, se evita la migración de los jóvenes. Pensar que la minería tiene un periodo de vida limitado y que al cierre de la misma no queden pasivos negativos, sino ciudades sostenibles, con una agricultura y ganadería próspera, educación de calidad, servicios básicos funcionales,  puesta en valor de los atractivos naturales y de la mano del hombre para invitar a los turistas, empresas productivas derivadas del apoyo de la empresa, etc.

           Brevemente, quiero mencionar el caso de la empresa minera Colquisiri, ubicada en la provincia de Huaral en Lima, que puede replicarse en el caso de Tía María. El proyecto está ubicado entre los valles de Huaral y Chancay (costa peruana), lo cual es un ejemplo de que la minería y el agro pueden convivir armoniosamente. Rodeada de más de 9000 ha de campos agrícolas para agro-exportación. El éxito se debe a que tienen controles ambientales estrictos: monitoreo ambiental de agua, aire, suelo y ruido, dentro y fuera de la unidad de operaciones. Hacen un manejo responsable del agua y realizan Monitoreos Ambientales Participativos de manera voluntaria en coordinación con los 27 centros poblados de su entorno y autoridades locales. Actúan con transparencia, mantienen comunicación permanente con los vecinos y articulan proyectos sociales con las autoridades locales. (*)

(*) Palabras de su Gerente General Ing. Juan J. Herrera Távara - Revista Rumbo Minero Ed. 163.

            Desde otro ángulo, también existe lo que poco se conoce: La Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) es un proceso dinámico y flexible. Sirve para identificar las diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, tomando como base la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales, con el fin de que los territorios aprovechen sus ventajas comparativas.

            La ZEE es un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales, sirve de gran utilidad para la toma de decisiones y la gestión del territorio por sus autoridades, la sociedad civil y todo aquel ciudadano que necesite realizar alguna actividad en el territorio. La ZEE no define ni establece usos, sino que propone diferentes alternativas para gestionar el impacto que puedan generar algunas actividades, haciéndolas más rentables y aportando a la disminución de conflictos. No establece derechos de propiedad. Tampoco restringe ni excluye las inversiones.

La ZEE, es manejada por el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental y tiene como objetivo definir: zonas productivas, las zonas de protección y  conservación ecológica. Las Zonas de tratamiento especial; las zonas con vocación urbana y/o industrial e incluso las Zonas de recuperación. Y para el control ambiental está el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental: OEFA.

            Este inventario de recursos del Perú, poco se conoce, y menos se aplica como instrumento de planificación y gestión del territorio. Las diversas instituciones públicas y privadas en el ámbito nacional, regional y local, deberían utilizar de manera obligatoria la ZEE, por su carácter dinámico; con la finalidad de apoyar el logro de resultados esperados en base a criterios técnicos y la normativa legal vigente. De este modo, habría menos conflictos y más desarrollo para el país.

          Finalmente, se debe tener presente que, “Sin inversión privada, no hay crecimiento económico. Ella, genera el empleo formal. Es la que da las posibilidades de reducir la pobreza de manera más fuerte e inmediata. La normativa laboral también debería ser más flexible y la inversión privada debe trabajarse más en sectores como turismo, agropecuario, comercio y minero que puedan ayudarnos a tener más ingresos fiscales que consolide el Estado de bienestar que requiere el Perú”.


Imprimir   Correo electrónico